Organizaciones Internacionales Rechazamos Criminalización de la abogada Leyli Santizo y la ex Fiscal Siomara Sosa

Ciudad de Guatemala, San José, Ginebra y Washington D.C.- El día de ayer, tras diligencias de allanamiento, fue detenida la abogada Leyli Indira Santizo Rodas, ex mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y se libró orden de aprehensión en contra de Eva Siomara Sosa, ex fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

Lamentamos y condenamos el papel que está jugando el Ministerio Público, ya que, sin ningún sustento, la FECI, a cargo del Fiscal Rafael Curruchiche, solicitó la orden de aprehensión al Juzgado de Primera Instancia Penal para Diligencias Urgentes. Esto, por el supuesto delito de obstrucción a la justicia en el marco del caso denominado Cooptación y Corrupción Judicial.

Además de haber liderado casos de alto impacto y anticorrupción en la CICIG, Leily Santizo ejerce actualmente la defensa técnica de fiscales y ex fiscales de la FECI, entre ellas la de Eva Siomara Sosa, quien ha sido criminalizada por actuaciones realizadas en el marco de sus competencias cuando fungió como jefa adjunta de la FECI. Esta labor ha afectado los intereses de grupos poderosos en el país y ha tenido como consecuencia la persecución penal basada en acusaciones espurias.

Las organizaciones que conformamos el Observatorio Internacional sobre los Derechos Humanos en Guatemala hemos alertado en múltiples ocasiones sobre los ataques reiterados, la persecución y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, y funcionarios y funcionarias de justicia en Guatemala que han luchado en contra de la corrupción endémica que sufre el país.  Estos ataques forman parte de un patrón sistemático y una estrategia de grupos de interés ilegítimos, que buscan consolidar un sistema de corrupción y garantizar la impunidad en las diferentes estructuras del Estado.

La persecución de estas dos defensoras íntegras, busca obstaculizar la investigación y judicialización de casos de corrupción a gran escala, comprometiendo así, la independencia judicial como un valor esencial en un régimen democrático.

Por otro lado, se criminaliza el derecho a la defensa técnica, reconocido en diversos instrumentos internacionales. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; (…) y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”.

Rechazamos este nuevo acto de criminalización y exigimos al Estado de Guatemala que garantice la vida y la integridad física de Leyli Santizo y Eva Siomara Sosa, así como el debido proceso. Instamos a los organismos internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional a pronunciarse enérgicamente en rechazo de estos actos que ponen en entredicho la integridad del sistema democrático en el país.

Organizaciones firmantes:

Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC)
American Jewish World Service (AJWS)
Be Just
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG)
Impunity Watch
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Programa ACTuando Juntas Jotay Guatemala
Protección Internacional Mesoamérica
Robert F. Kennedy Human Rights