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21 mayo 2013

Este informe analiza el papel de la administración de justicia colombiana en la investigación, juicio y sanción de los presuntos responsables por el delito de desplazamiento forzado en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, en el departamento del Chocó. Es el resultado de una observación imparcial durante un año de uno de los procesos judiciales que se están adelantando frente a esos hechos. Se analiza el caso a la luz del ER y el principio de complementariedad, el cual reconoce y promueve el papel primordial de las jurisdicciones nacionales en la investigación y juzgamiento de los responsables por crímenes internacionales, pero permite a la CPI asumir este rol en el caso de presentarse inacción, falta de voluntad o incapacidad de las jurisdicciones nacionales.

 

Esperamos que este informe pueda brindar algunos elementos a la administración de justicia colombiana para mejorar la investigación y acusación por crímenes del Estatuto de Roma, siguiendo el principio de complementariedad y los estándares internacionales. Asimismo, ASFC pretende contribuir a una mayor garantía del derecho a la justicia de las víctimas del delito de desplazamiento forzado en Colombia, y espera que los contenidos de este informe brinden mayores elementos para ello. En el contexto actual de implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), la cual representa un importante esfuerzo por parte del Estado para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, es fundamental que se haga justicia y se sancione a los responsables del delito de desplazamiento forzado. Sólo así se evitará que los hechos se vuelvan a repetir, y se podrá avanzar en la construcción de una paz duradera en el país.

 

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