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30 septiembre 2021

Puerto Príncipe, 30 de septiembre de 2021 – En 2011, cuando regresó el ex dictador Jean-Claude Duvalier, se presentaron denuncias contra él y otros ante el Tribunal de Primera Instancia de Port-au-Prince. Diez años después, el Colectivo Contra la Impunidad y Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) presentan una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este recurso a la Comisión tiene como objeto exigir el reconocimiento de la responsabilidad del l Estado haitiano y su sanción por las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen de Duvalier, en particular contra las víctimas que presentaron una denuncia.

 

En 2014 se dio un paso cuando la Corte de Apelaciones de Port-au-Prince reconoció la existencia de serios indicios relativos a la responsabilidad de Jean-Claude Duvalier y sus acólitos en las violaciones de derechos humanos perpetradas bajo su régimen. Se confirmaron los cargos de crímenes de lesa humanidad y delitos financieros y la Corte de Apelaciones ordenó una investigación complementaria consistente en la audiencia de denunciantes y testigos que no habían sido oídos, así como la identificación e interrogatorio de todos los presuntos autores de los delitos.

 

Desde 2015, aparte de algunas audiciones, nada ha cambiado. El juez de instrucción designado, Durin DURET Junior, aún no ha presentado su informe al Tribunal de Apelación. El bloqueo del expediente representa una denegación de justicia para lo.as demandantes y el pueblo haitiano.

 

La importancia del caso Duvalier en la lucha contra la impunidad

 

La ausencia de justicia para las víctimas de los crímenes cometidos bajo el régimen de Duvalier favorece la persistencia de la impunidad en la sociedad haitiana. Las constantes violaciones a los derechos humanos, la corrupción y el uso del crimen organizado derivan de prácticas heredadas del pasado que no han sido sancionadas. La lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos bajo la dictadura duvalierista puede contribuir a fortalecer la respuesta de las instituciones judiciales a la demanda de justicia de la población.

 

Las violaciones descritas en el recurso ante la CIDH se cometieron entre 1971 y 1985 e incluyen casos de detención arbitraria, tortura, desaparición, exilio forzado y ejecución extrajudicial que, por su carácter generalizado y sistemático, constituyen crímenes de lesa humanidad.

 

Para el Colectivo contra la Impunidad y ASFC, la consolidación del Estado de derecho democrático depende de la voluntad y la capacidad del Estado haitiano de respetar los derechos humanos, prevenir sus violaciones y lograr que los perpetradores sean juzgados y condenados. Es responsabilidad de las autoridades adoptar todas las medidas necesarias para realizar una investigación seria y garantizar la seguridad tanto de los magistrado.as que trabajan en este caso como de las víctimas que tienen el coraje de denunciar los crímenes.

 

Este es el mensaje que el Colectivo contra la Impunidad y ASFC persisten en entregar.