Maria Darder Martí
Asesora jurídica voluntaria
¿Cómo aportar a la construcción de paz en medio de una guerra silenciada que continúa a pesar de tantas promesas y esfuerzos?, ¿cómo visibilizar el fantasma de la violencia sexual cometida en el marco de un conflicto armado? ¿cómo comprender la realidad de lo que sucede en el terreno entre estas cuatro paredes? – desde hace un tiempo, estas preguntas me acompañan.
Recuerdo que durante mi entrevista, quien unos meses más tarde sería mi jefa me preguntó, con la total tranquilidad de alguien que no sabe que se está adelantando al futuro, si sabría adaptarme a una situación compleja e inesperada. Yo, con la total tranquilidad de alguien que tampoco sabe que se está avanzando al futuro, respondí que sí sin dudarlo dos veces. Al cabo de un tiempo, cuando la pandemia ya había llegado a Colombia y nos dimos cuenta de la magnitud de la situación, sonreí ante el carácter agridulce de esta ironía y me dije a mí misma que el destino había sido caprichoso.
La paz en tiempos de pandemia y de guerra
De un día para otro, dejamos de ir a la oficina, tuvimos que cancelar eventos y reuniones presenciales, y empezamos una nueva vida lejos de la vitalidad que Bogotá nos había regalado hasta ese entonces.
Yo apenas llevaba dos meses en Colombia trabajando como consejera jurídica voluntaria en el proyecto “Justicia transicional y mujeres” (JUSTRAM). De repente, el ELN declaró un alto al fuego unilateral durante todo el mes de abril, el gobierno estableció una cuarentena general, y los vuelos nacionales e internacionales fueron suspendidos hasta nuevo aviso. Por un momento, en medio de una quietud sospechosa, creí que el país y su pueblo se habían dado, por fin, un respiro. Pero pronto, las noticias en los periódicos volvieron a hacer eco sobre la cruda realidad del conflicto en Colombia. En el 2020, 381 personas fueron asesinadas en 91 masacres, y 310 líderes y defensores de derechos humanos fueron asesinados.
La madrugada del 25 de junio de 2020, Colombia amaneció con un titular desgarrador: siete soldados del Ejército Nacional violan colectivamente a una niña menor de edad perteneciente al pueblo indígena Embera. La descripción disponible de los hechos me hizo pensar en los otros, aquellos casos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia que han pasado al olvido, que nunca serán contados o escuchados. “Si todos los casos fueran portada”, me digo para mis adentros, sin poder llegar a imaginar cómo seguir la frase.
El trabajo continúa, a pesar de los obstáculos
Durante este último año, el equipo de Colombia y las organizaciones socias de Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), hemos documentado y analizado varios casos de violencia sexual cometidos en contra de mujeres y niñas durante el conflicto armado, con la finalidad de presentarlos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),1 o ante otras instancias jurisdiccionales internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
El derecho es nuestra principal herramienta para aportar a la lucha contra la impunidad de estos casos y, en la impotencia del devenir repetitivo de los días en casa y ante una realidad cada día más injusta, parece que ahora más que nunca tiene sentido utilizarlo.
En Colombia, se desconoce el número exacto de casos cometidos de violencia sexual o, en todo caso, existe un significativo subregistro de éstos.2 Por el contrario, sí se sabe que todos los actores armados en el marco del conflicto armado colombiano han utilizado la violencia sexual como arma de guerra.3
Siempre me ha producido asombro pensar que las cosas son como son, pero que podrían ser de muchas otras maneras. Y en este torbellino de pensamientos, aun me cuesta más comprender que la violencia sexual es un arma de guerra en muchos contextos, no solo de la historia contemporánea, sino en la historia de la humanidad. Las primeras palabras de La Ilíada, escrita por Homero alrededor del siglo VIII a.C. dicen :
Después de una corta invocación a la divinidad para que cante ‘la perniciosa ira de Aquiles’, nos refiere el poeta que Crises, sacerdote de Apolo, va al campamento aqueo para rescatar a su hija, que había sido hecha cautiva y adjudicada como esclava a Agamenón.
Homero alrededor del siglo VIII a.C.
Después de todo este tiempo, parece que tampoco hemos avanzado tanto.
Llegados a este punto, el eco de las tres preguntas alimenta mis ganas de seguir aprendiendo y aportando con el fin de responderlas, quizás algún día. Agradezco a todas las personas de ASFC por hacerlo también, y especialmente por hacerlo en equipo. Y doy las gracias a las mujeres y sus representantes por su coraje y perseverancia. Recordando las palabras que un día una amiga compartió conmigo, pienso “no perdamos la alegría en la lucha”.
Sobre el autor
Maria Darder Martí, asesora jurídica voluntaria de Abogados Sin Fronteras Canadá en el proyecto “Justicia transicional y mujeres”.
Referencias
1 – La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. Tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. Para más información: www.jep.gov.co (último acceso el 13 de enero de 2021).
2 – Por ejemplo, según OXFAM desde el 2001 hasta el 2009 al menos 12.809 mujeres fueron víctimas de violaciones cometidas por miembros de grupos armados. En cambio, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), con fecha de corte en septiembre de 2017, la cifra consta de al menos 15.076 personas. Referencias: Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Situación en Colombia – Reporte Intermedio (2012), párr. 83; y CNMH, La guerra inscrita en el Cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado (2017), pág. 25.
3 – CNMH, La guerra inscrita en el Cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado (2017), pág. 26.