El compromiso con la transformación social y la mayor participación en la vida política del movimiento de mujeres y del movimiento feminista en Guatemala han influido de forma decisiva en el impulso de un marco normativo y de unas instituciones especializadas para investigar, procesar y sancionar diversas manifestaciones de violencia contra la mujer, así como para proteger y atender a las mujeres víctimas, garantizándoles jurídicamente el derecho a una reparación integral y digna.

 

Si bien fue tipificó de manera adecuada diversas formas de violencia machista en el sistema guatemalteco, y que jurisprudencia guatemalteca ha reconocido la constitucionalidad de este marco jurídico que desarrolló los derechos a una vida libre de violencia y al desarrollo integral de las mujeres, lo cierto es que en la práctica del sistema de justicia guatemalteco perviven sesgos y actitudes sexistas en la aplicación e interpretación de las leyes, lo que además de vulnerar los estándares internacionales de derechos humanos en la materia, cronifica la impunidad y refuerza la subordinación de la posición social de la mujer.

 

 

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