En Guatemala, ejercer el periodismo independiente puede costar la libertad. El caso de José Rubén Zamora, reconocido periodista y fundador del diario elPeriódico, es uno de los ejemplos más alarmantes de cómo la justicia se instrumentaliza para reprimir voces incómodas al poder. Desde 2022, Zamora enfrenta una persecución penal plagada de irregularidades, que organizaciones internacionales han calificado como un intento de criminalizar su labor periodística y de silenciar investigaciones sobre corrupción.
Acusaciones cuestionadas, proceso viciado
El periodista fue inicialmente acusado en 2022 de lavado de dinero, luego de que elPeriódico publicara investigaciones que vinculaban a altos funcionarios del gobierno y al Ministerio Público con casos de corrupción. Aunque este caso ya generó fuertes críticas por la falta de pruebas sólidas y la violación de garantías procesales, nuevas imputaciones se han sumado desde entonces, configurando un patrón de acoso judicial.
Según el expediente judicial más reciente (abril 2025), Zamora enfrenta ahora cargos por conspiración para la obstrucción de justicia y uso continuado de documentos falsificados. El Ministerio Público sostiene que entre 2015 y 2017, el periodista habría utilizado boletas aduaneras con firmas falsas para salir del país, un trámite administrativo que ha sido actualizado por un formato electrónico que ahora no requiere firma.
Además, el desarrollo de estos procesos ha estado marcado por la reiterada suspensión de audiencias, recusaciones sistemáticas de jueces, excusas de fiscales y querellantes, y un ciclo interminable de retrasos y anulaciones de resoluciones judiciales. El 10 de marzo de 2025, Zamora fue enviado nuevamente a prisión preventiva luego de que la Corte de Apelaciones anulara su liberación por una supuesta “actividad procesal defectuosa”, en una decisión considerada extralimitada y carente de base legal.
Linea de tiempo del proceso judicial de Jose Ruben Zamora. Elaboración propia.
El trasfondo político: la criminalización del periodismo
Zamora no es un caso aislado, sino el símbolo de una regresión democrática más amplia en Guatemala. Desde la expulsión de la CICIG en 2019 —la comisión internacional contra la impunidad que reveló redes de corrupción al más alto nivel—, los actores que antes fueron investigados por corrupción han retomado el control del sistema de justicia y lo utilizan para desarticular toda oposición. En este contexto, periodistas, fiscales anticorrupción y jueces independientes han sido perseguidos, forzados al exilio o encarcelados.
¿Justicia o venganza?
Más allá de las acusaciones formales, lo que está en juego en este proceso es el derecho a informar y ser informado. Zamora denunció en múltiples ocasiones que su encarcelamiento es una represalia directa por su trabajo periodístico, y que el objetivo es destruirlo física y moralmente, así como arruinar económicamente a elPeriódico, que cerró sus puertas en mayo de 2023 ante la asfixia financiera y la persecución estatal.
Numerosas organizaciones internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado el caso como un ejemplo paradigmático de criminalización del periodismo en América Latina.
La solidaridad internacional es urgente
Desde ASF Canadá, reiteramos que la defensa de los derechos humanos y del Estado de derecho exige una prensa libre y crítica. La detención prolongada e irregular de José Rubén Zamora constituye una grave amenaza a la libertad de expresión en la región.
Instamos a la comunidad internacional a mantener la presión sobre el Estado guatemalteco, a apoyar a periodistas en riesgo y a exigir garantías judiciales reales para todos los actores sociales que luchan por la transparencia y la justicia.
Porque silenciar al periodismo, es silenciar a toda la sociedad.