Alejandra Martín
Asesora jurídica cooperante
La Selva del Darién se encuentra ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá y ha sido catalogada como una de las selvas más espesas e importantes del mundo. La dificultad para atravesarla ha sido tal que es el único punto en donde se interrumpe la carretera panamericana que atraviesa todo el continente. Además, el Darién ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y, dada su alta biodiversidad, se le ha llamado “el segundo pulmón del mundo” después de la selva del Amazonas.
A pesar de la dificultad para atravesar la selva, miles de migrantes se embarcan en una travesía que puede durar incluso meses para cruzar el Tapón del Darién, llegar hasta Panamá y de allí emprender su camino hacia Estados Unidos.
Desde Necoclí (Colombia), se concentran cientos de migrantes de todo el mundo para tomar lanchas que los lleven a Capurganá y desde allí empezar su travesía a pie por la selva con el objetivo de llegar a Carreto (Panamá). Según lo ha informado el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe los y las migrantes que cruzan al Tapón pagan una suma aproximada de 460 USD por persona a un “guía” que los llevará en un recorrido de 2 a 15 días por la selva, durante la trayectoria los caminantes llevan consigo lo necesario para sobrevivir a los peligros de la selva donde es muy probable que algunos enfermen o incluso mueran.
Recientemente algunos migrantes han documentado su paso por la selva y han narrado que han encontrado cadáveres y personas enfermas que han sido abandonadas por su grupo al sufrir lesiones que les impiden mantener el ritmo. Además, representantes de Naciones Unidas han informado que en ocasiones llegan a Panamá algunos niños y niñas sin sus padres o padres sin sus niños pues estos mueren en el camino.
Sin embargo, estas no son las únicas dificultades a las que se enfrentan quienes atraviesan el Tapón del Darién, en la zona concurren diversos grupos armados que asaltan a los migrantes y ejercen actos de violencia sexual contra mujeres y niñas. Diversas autoridades internacionales han señalado el riesgo que corren los migrantes de ser reclutados forzosamente, ser víctimas de trata de personas, ser asaltados o ser víctimas de violencia sexual.
Debido a la llamada “diáspora venezolana”, el aumento del flujo migratorio por el Darién ha aumentado considerablemente, la UNICEF informó que hasta junio de 2022 la cantidad de niños, niñas y adolescentes que cruzaron aumentó el doble respecto a la cifra reportada para el 2021. Por su parte, la organización Human Rights Watch ha indicado que el flujo migratorio sobrepasó las 30.000 personas para agosto de 2022, 23.000 de ellos de origen venezolano.
Las autoridades en Capurganá (Colombia) no cuentan con el capital económico o humano necesario para atender a los migrantes que llegan a su territorio, en Panamá quienes asumen la atención de los migrantes son las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Nos encontramos ante una de las peores crisis humanitarias que enfrentan Colombia y Panamá en los últimos años.
Ante la falta de control y el aumento de migrantes las alertas se han encendido: es probable que las personas sean captadas por parte de redes de trata y explotadas en diversas partes del mundo. La falta de presencia estatal, el subregistro generalizado en casos de trata de personas, la falta de registro sobre quienes cruzan, la poca cooperación entre autoridades colombianas y panameñas, la situación irregular en la que cruzan los migrantes, entre otros, acentúan la vulnerabilidad y aumentan el riesgo de ser víctimas de trata especialmente para niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Desde que decidí estudiar leyes me han apasionado los Derechos Humanos, he defendido y trabajado por los derechos humanos de las mujeres en el país. Por ello, la situación actual en el Darién representa para mi una gran preocupación en materia de protección y garantía de derechos fundamentales de las personas migrantes, especialmente mujeres y niñas. Ahora bien, mi paso por ASFC me ha permitido adquirir herramientas para identificar posibles casos de trata de personas, me ha permitido conocer sobre las diversas problemáticas y factores de riesgo que propician la ocurrencia de este fenómeno y la importancia de implementar políticas públicas orientadas a prevenir la ocurrencia del delito a través de la reducción de brechas estructurales. Al realizar un estudio sobre el nivel de implementación de dichas políticas en Colombia, encontramos que existe una falta de voluntad estatal y designación de recursos públicos para reducir dichas brechas, lo que implica en el caso de quienes cruzan por el Darién, un aumento en el grado de vulnerabilidad a ser víctimas de trata de personas.
Además, hallamos como uno de los principales obstáculos que persisten falencias importantes en materia de identificación de posibles víctimas por parte de autoridades migratorias, quienes no cuentan con infraestructura, capacitación o disposición para llevar a cabo una correcta identificación y activar la ruta de atención. Sumado a ello, encontramos preocupante el aumento de desconfianza institucional por parte de personas migrantes ante la amenaza de ser deportados a su país de origen en caso de denunciar situaciones relacionadas con la trata de personas.
En materia de cooperación internacional, encontramos que Colombia no cuenta con los mecanismos suficientes para propiciar investigaciones y acciones de prevención y asistencia conjunta con países fronterizos. El escenario expuesto evidencia la falta de cooperación y articulación del gobierno colombiano con autoridades panameñas en materia de investigación y judicialización de redes de trata presentes en el Darién.
La falta de atención por parte de entes estatales no sólo agrava la situación, sino que implica una grave violación a las obligaciones internacionales de ambos países, quienes ante la crisis humanitaria no han tomado las acciones necesarias para hacerle frente, violando por omisión los derechos humanos de miles de personas. Este escenario se agrava en el caso de mujeres y niñas.
Fotografía: ACNUR