Julia Olarte
Asesora jurídica voluntaria
Para todas y todos el 2020 ha sido un año lleno de retos, obstáculos, transformaciones y aprendizajes. De un momento a otro nos cambió la vida de una manera que nunca hubiéramos imaginado. No obstante, en lo personal la pandemia del COVID-19 me dio la oportunidad de ser parte de Abogados Sin Fronteras Canadá como cooperante voluntaria nacional.
En el marco del proyecto Justicia Transicional y Mujeres (JUSTRAM), ASFC empezó una colaboración con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para apoyar la ampliación del informe* presentado por las víctimas del conflicto armado del pueblo indígena Awá. Esta ampliación estaría encaminada a presentar ante la JEP los hechos de violencia sexual y violencias basadas en género sufridas por las mujeres de esta comunidad indígena.
La contribución de ASFC sería apoyar a la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) en capacitaciones y consultoría jurídica para entregarles las herramientas jurídicas necesarias para la elaboración de la ampliación del informe. Por su parte, la UNIPA estaría encargada de recolectar la información de entrevistas de las mujeres y sistematizarla para presentarla ante la JEP.
*En el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición del cual hace parte la JEP, la participación de las víctimas del conflicto armado cobra especial importancia. De esta manera, las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar informes documentando los hechos ocurridos durante el conflicto a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. La presentación de estos informes se considera un mecanismo de acceso a la justicia de la JEP y la primera expresión del derecho de participación de las víctimas en el marco de los procesos judiciales ante la Jurisdicción. En este caso la ampliación del informe se hace respecto del macro caso 002 que pretende investigar y juzgar los hechos cometidos en el marco del conflicto armado en el territorio del departamento de Nariño.
De obstáculos a aprendizajes
En la ejecución de este proyecto nos encontramos varios obstáculos propios de esta nueva realidad a la que debemos adaptarnos, pero también muchos aprendizajes y experiencias para futuras acciones de incidencia similares. En lo personal hubo un reto que me marcó y fue mi primera experiencia trabajando con una comunidad indígena . Tuve la posibilidad de liderar las capacitaciones del ABC de la JEP para la UNIPA y las mujeres de la comunidad Awá.
Las capacitaciones que debía liderar no tenían mayor complejidad en el tema, debía dejar claro para las compañeras de la UNIPA y las mujeres de la comunidad indígena qué es la JEP, de dónde nace esta jurisdicción, cuál es su competencia, cuáles son las sanciones que se pueden esperar dependiendo del delito, qué delitos son amnistiables y cuáles no, y a qué se hace referencia cuando se habla de un enfoque de género y un enfoque étnico. Aunque en principio podría pensarse que las capacitaciones iban a ser sencillas, había varios factores que complejizaban la actividad para mi.
Primero, yo nunca había dado capacitaciones jurídicas; segundo, nunca había trabajado con comunidades indígenas; y tercero, la situación de salud pública nos imposibilitaba viajar a los territorios, por lo que los encuentros con la comunidad debían ser virtuales.
Liderar estos espacios fue una experiencia nueva y de gran exigencia para mi. Considero que las personas que estudiamos derecho nos hemos metido tanto en el rol de juristas que nos cuesta mucho aterrizar el lenguaje jurídico al lenguaje común, para que las personas sin conocimiento jurídico puedan tener acceso a esas herramientas privilegiadas que les permiten defender sus derechos.
Desafortunadamente, los abogados, en la mayoría de los casos, contribuyen a alejar el derecho de quienes más lo necesitan al complejizar el lenguaje y especializarlo de una manera tal que solo algunos pueden contar con ese poder, cuando todos deberíamos tener acceso a la protección de nuestros derechos por el simple hecho de haber nacido seres humanos.
La primera sesión de las capacitaciones fue la más retadora, a pesar de que había preparado la presentación con mucho rigor y tenía claros los conocimientos jurídicos, a la hora de tratar de comunicar todo lo que había preparado, mi rol de abogada me dificultó mucho poder bajar los conceptos jurídicos a un lenguaje simple y común para un mayor entendimiento de las receptoras de la capacitación. Además, a través de la virtualidad era mucho más difícil poder establecer una conexión con las mujeres, saber si están entendiendo los conceptos, motivarlas a participar y hacer preguntas, sumado a que la conexión en las regiones en donde se encontraban las mujeres de la comunidad era bastante inestable.
Sumado a esto, las mujeres Awá en su mayoría tienen una posición muy escéptica acerca de la JEP y la justicia colombiana dado los múltiples intentos que han hecho de acudir a las autoridades sin obtener los resultados esperados en su territorio. Por lo contrario, la violencia sigue aumentando en su territorio y recrudeciéndose después de la firma del acuerdo entre el gobierno y las FARC.
Si bien nuestra labor no era promocionar la JEP y convencerlas que ésta les va a cumplir con su añorada justicia, si debíamos motivarlas para contar sus historias y participar en el proceso del macro caso 002 a través de la ampliación del informe.
Una toma de conciencia personal y profesional
Durante la capacitación experimenté un gran sentimiento de impotencia, primero por no poder transmitir la información jurídica de la manera más clara posible y comprensible para las mujeres de la comunidad como esperaba hacerlo. Segundo, por no poder estar en territorio compartiendo con ellas para poder leerlas y crear una relación más humana. Y tercero, por tratar de motivarlas a participar en un espacio que, desde mi opinión personal, puede ser muy benéfico para ellas y para su comunidad en cuanto a acceso a la justicia y garantía del derecho a la verdad.
Sin embargo, estaba consciente de que mi punto de vista finalmente se sitúa desde la comodidad de mi casa en Bogotá y no desde la realidad de violencia que ellas tienen que vivir cotidianamente en su territorio.
A pesar de haber sido una experiencia retadora, fue un inmenso aprendizaje para mi vida personal y profesional. Poder haber compartido con las mujeres de la comunidad, aunque fuera por medios virtuales, me ratificó que estoy en el lugar correcto y trabajando en lo que me apasiona.
Esta experiencia me ayudó a reflexionar acerca de la necesidad de llevar el derecho a las comunidades, de traducir el lenguaje jurídico al lenguaje común para que todas y todos podamos gozar de herramientas jurídicas para defender nuestros derechos, y de la inmensa responsabilidad que tenemos las y los abogado.a.s de acercar el derecho a quienes más lo necesitan.
Mi primer mandato como cooperante voluntaria estuvo lleno de retos personales y profesionales, de nuevas experiencias, de altos y bajos, pero sin duda de mucho aprendizaje. A pesar de las dificultades que trajo consigo el 2020, este año me abrió las puertas a un camino profesional del que todos los días me siento orgullosa, feliz y segura de estar haciendo lo que me apasiona, y a trabajar con un equipo que admiro y del que me siento agradecida de ser parte.
Sobre el autor
Julieta Olarte, asesora jurídica voluntaria de Abogados Sin Fronteras Canadá en el proyecto “Justicia transicional y mujeres”.