ASFC presenta aportes desde el derecho internacional a la Corte Constitucional

Bogotá. – Abogados sin fronteras Canada (ASFC), en el marco de su misionalidad y atendiendo a la solicitud emitida por la Corte Constitucional en el Auto 132 del 23 de marzo de 2021, presenta argumentos desde el Derecho Internacional para aportar al análisis de las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos de las y los firmantes del Acuerdo Final de Paz en Colombia y los obstáculos para su efectiva implementación.

En el Auto en mención, el alto tribunal solicita la recepción de argumentos por parte de organizaciones internacionales y nacionales que contribuyan al análisis sobre la solicitud de declaratoria de estado de cosas inconstitucional, por el incumplimiento de los deberes constitucionales y legales ligados a la implementación efectiva del Acuerdo Final.

Adicionalmente, se estudiará la relevancia y alcance de la implementación estatal y gubernamental del componente de reincorporación del Acuerdo de Paz, en la debida protección de los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, seguridad y paz de las y los excombatientes que suscribieron el Acuerdo Final y se hallan en proceso de reincorporación. Incluyendo a quienes forman parte del Partido Comunes.

ASFC reitera que la implementación del Acuerdo Final se enmarca, no solo dentro de las obligaciones emanadas de la Constitución Política de Colombia y los Actos Legislativos 02 y 05 de 2017, sino que constituye una obligación internacional del Estado colombiano.

La protección de la vida y las garantías fundamentales de las y los firmantes del Acuerdo es una condición indispensable para el logro de una paz estable y duradera. También, para la consecución de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas del conflicto armado.

En este sentido, ASFC recuerda la importancia de adoptar las medidas de protección colectivas emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz el 30 de julio de 2020, así como las recomendaciones de otras instituciones competentes. La investigación efectiva de los más de 276 homicidios de personas en proceso de reincorporación, así como los hechos de amenaza y desplazamiento de los que han sido víctimas constituye una obligación internacional del Estado colombiano que debe estar acompañada de la implementación integral del Acuerdo de Paz.