ASFC acompaña seminario sobre economía y derechos humanos en Honduras

Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) colaboró con la organización del seminario “Economía y derechos humanos” liderado por la Nueva Asociación de Jueces – Alemania y la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) de Honduras como parte de sus actividades de formación y de intercambio de conocimiento.

Se realizaron dos jornadas del seminario en las ciudades de Choluteca y San Pedro Sula, el 4 y 11 de junio de 2022 respectivamente. En total participaron 42 personas, 30 de ellas mujeres, quienes trabajan como jueces y juezas del sistema judicial, en organizaciones de la sociedad civil y de temas laborales, así como en instancias como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en esas ciudades.

Este seminario tuvo como objetivo divulgar la ley alemana de diligencia empresarial debida en las cadenas de suministro (ver ficha), aprobada en Alemania en 2021 y que entrará en vigor en 2023, y dialogar sobre sus beneficios para los trabajadores y trabajadoras en ese país. Además, se abordaron las generalidades de dicha ley y de la legislación hondureña en aspectos como la protección contra accidentes de trabajo y los riesgos laborales de salud, libertad sindical, prohibición de discriminación y salario mínimo.

Las personas facilitadoras fueron Ingrid Heinlein, magistrada retirada y portavoz de la sección internacional de Nueva Asociación de Jueces – Alemania; Martha Dubón y Edgar Leonary Duarte, de la AJD; con la participación de German Chirinos, director técnico del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (Massvida), en la jornada de Choluteca y de Carlos Castillo, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO) en la jornada de San Pedro Sula.

Por parte de ASFC se integró en la organización del seminario y participación de las ponencias Indira Díaz, consejera jurídica de ASFC en Honduras, quien estuvo a cargo de la sesión “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos”. Estos principios se fundamentan en tres pilares: i) la obligación de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos; ii) la responsabilidad de las empresas de cumplir las leyes aplicables y respetar los derechos humanos; y iii) la obligación estatal de establecer los mecanismos y recursos adecuados para remediar en caso de afectaciones a personas o grupos.

Los principios rectores “aclaran y explican las consecuencias de las disposiciones pertinentes de las normas internacionales de derechos humanos existentes, algunas de las cuales son jurídicamente vinculantes para los Estados, e imparten orientaciones sobre cómo llevarlas a la práctica”, como lo destaca este documento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).