Abogados sin Fronteras Canadá presentó un amicus curiae (amigo del tribunal) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso «Beatriz et al. vs El Salvador». Dicha intervención aboga por el reconocimiento del aborto como un servicio médico que puede ser necesario para proteger la salud, la vida y la integridad de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
En este caso, a Beatriz (nombre ficticio) se le negó el acceso a los servicios de aborto a pesar de que el personal médico reconocía que el embarazo ponía en peligro la vida y que no había posibilidades de supervivencia para el feto. La audiencia, que tuvo lugar en Costa Rica los días 22 y 23 de marzo, suscitó un importante debate sobre la cuestión de la prohibición absoluta y la penalización del aborto en El Salvador. La decisión de la Corte, prevista para el último trimestre de 2023, podría sentar un importante precedente jurídico para el avance de los derechos sexuales y reproductivos en toda la región -y más allá-.
El amicus argumenta que la prohibición absoluta del acceso al aborto y su penalización pueden constituir una forma de violencia de género, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que al adoptar una legislación tan restrictiva, los Estados están violando sus obligaciones de proteger y respetar los derechos humanos. El escrito también solicita a la Corte Interamericana que incorpore un enfoque interseccional y de género en la valoración del sufrimiento físico y psicológico padecido por Beatriz.
«Pedimos al Estado de El Salvador que cumpla con sus obligaciones internacionales de protección de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar y que legalice y despenalice los servicios de aborto. El Estado salvadoreño también debe facilitar el acceso a estos servicios adoptando protocolos y directrices claras para el personal sanitario.» – Julia Tétrault-Provencher, asesora jurídica sobre derechos sexuales y reproductivos de Abogados sin Fronteras Canadá.
Sobre la cuestión del acceso, Tétrault-Provencher señala que, aunque el aborto está legalizado en Canadá desde 1988 y se considera un servicio sanitario, para algunas personas el acceso a estos servicios sigue siendo difícil, si no imposible. El caso de Beatriz nos recuerda que la lucha por los derechos sexuales y reproductivos no conoce fronteras.
El informe completo está disponible previa solicitud.
