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9 noviembre 2023

Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) implementó el proyecto Justicia, gobernanza y lucha contra la impunidad en Honduras de 2018 a 2023, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, particularmente atendiendo las necesidades de las mujeres y niñas.

 

En el transcurso del proyecto, ASFC acompañó la conformación y consolidación de tres bufetes especializados en derechos humanos que han brindado acceso a representación jurídica a personas y poblaciones víctimas de violaciones a sus derechos humanos:

 

Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH)

Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH)

Bufete Estudios para la Dignidad (BED)

 

 

ASFC ha aportado, junto a los bufetes y otras organizaciones socias:

 

– al desarrollo de jurisprudencia constitucional en materia de derechos humanos;

– al empoderamiento de víctimas a través del litigio estratégico y

– a que jóvenes profesionales de derecho se integren a defensa de los derechos humanos en organizaciones de sociedad civil y bufetes.

 

 

 

 

 

Entre los resultados del proyecto también se cuenta el desarrollo de herramientas como la Guía de Litigio Estratégico en Honduras y la Base de Datos de Jurisprudencia de Honduras.

 

 

 

 

 

El proyecto Justicia es financiado por el gobierno de Canadá a través de Asuntos Mundiales Canadá y a partir de 2023 el proyecto cuenta con una extensión de dos años, para los cuales se renuevan los convenios con el EJDH, la RADDH y el BED. Asimismo, se firma una nueva colaboración con el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD).

 

En este periodo de extensión se firman tres nuevos convenios con:

 

– el Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar (CEPROSAF)

– la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (UDIMUF) y

– el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP)

 

 

En los próximos dos años se incorpora un nuevo componente de trabajo centrado en el fortalecimiento de las capacidades de actores del sector justicia y del Estado para realizar su trabajo de lucha contra la impunidad y la corrupción centrado en las víctimas y basado en un enfoque de derechos humanos.

 

Esta iniciativa ha avanzado con los procesos de veeduría en la selección de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, así como algunas líneas de trabajo con la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público.

 

Asimismo, la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional de Honduras ha dado un paso clave en la lucha contra la corrupción al desmontar algunos de los pactos de impunidad en Honduras como parte de la implementación de su agenda estratégica. Esta fue elaborada con la asesoría técnica del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y de Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC) en el último año.