Guatemala: organizaciones internacionales denuncian violaciones al derecho de defensa y debido proceso en casos de abogados y abogadas defensoras de derechos humanos
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25 octubre 2022
Ciudad de Quebec, Washington D.C, La Haya, San José, La Haya y Ciudad de Guatemala, 25 de octubre de 2022.-
En los últimos meses, se han observado varias violaciones al debido proceso en casos de defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo intimidaciones, denuncias penales y administrativas manifiestamente infundadas en contra de abogados y abogadas en el ejercicio de su profesión.
El caso de la abogada Leyli Santizo es un ejemplo de ello. La abogada Santizo es ex mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y está siendo injustificadamente procesada por el delito de colusión. Recientemente, el 19 de octubre, el actual Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) informó a la población la emisión de una nueva orden de aprehensión en su contra, revelando comunicaciones resguardadas por el secreto profesional.
Se trata de una orden de allanamiento y de aprehensión en contra de la licenciada Leyli Santizo, por un hecho que ya había sido conocido y resuelto hace menos de dos semanas, donde se declaró la improcedencia de las acciones en su contra, por lo que se está ante un abuso de procedimento penal y violación a principios básicos en materia constitucional, así como del derecho procesal penal y de normas y estándares internacionales de derechos humanos.
Ante los atropellos y violaciones al debido proceso en Guatemala, las organizaciones firmantes declaramos lo siguiente:
I. Existe una constante y creciente criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, de forma especial contra abogadas y abogados que se encuentran defendiendo personas que han actuado en favor de la lucha contra la impunidad y la corrupción. Esto constituye una forma prohibida de intimidación e interferencia indebida al desempeño de sus funciones profesionales como abogados, en violación del artículo 16 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas.
II. Las diversas acciones de criminalización han mostrado un patrón en el que los acontecimientos que sucederán, se publicitan de forma anticipada por medio de cuentas de redes sociales de actores privados que no deberían tener relación alguna con instituciones como el Organismo Judicial y el Ministerio Público, lo cual pone en serias dudas los principios de discrecionalidad e independencia de estas instituciones.
III. De acuerdo con sus compromisos internacionales, el Estado guatemalteco tiene la obligación de respetar la confidencialidad de todas las comunicaciones entre los abogados, abogadas y sus clientes en el marco de su relación profesional, así como el derecho de cada individuo de recurrir a la asistencia de un abogado de su elección. Además, bajo el artículo 18 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas, los abogados no deben ser identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes, como consecuencia del desempeño de sus funciones.
IV. El hostigamiento constante del cual la abogada Leyli Santizo es víctima, afecta su capacidad de representar a sus clientes, los cuales podrían quedar sin la representación jurídica de su abogada directora. Esto atenta contra el derecho de defensa que asiste a todas y todos los ciudadanos del país, denotando el uso indebido del derecho penal.
Manifestamos nuestro respaldo a los abogados y abogadas que ejercen la representación de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala tales como el equipo jurídico de abogadas quienes ejercen la defensa material de la licenciada Leyli Santizo, ya que, en este contexto, por el hecho de ejercer su profesión podrían ser sujetos de la misma criminalización.
Abogados sin fronteras Canadá
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Impunity Watch
Latin America Working Group (LAWG)
Protection International Mesoamérica
Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR)
Programa ACTuando Juntas Jotay