Bogotá, Colombia, 24 de abril del 2025. – En la actualidad, la protección de los derechos humanos enfrenta desafíos importantes, en un contexto de surgimiento de discursos que cuestionan los avances normativos y las instituciones nacionales e internacionales de justicia. Esta tendencia debilita el estado de derecho y crea condiciones que favorecen la concentración del poder y el uso de la violencia, principalmente en los sectores más vulnerables de la población.
Frente a este panorama, se requieren esfuerzos colectivos, coordinados y sostenidos que salvaguarden el mandato y la eficacia de la justicia penal internacional. La acción de la Corte Penal Internacional (CPI) genera una influencia significativa en las jurisdicciones nacionales para el tratamiento de la violencia masiva. Solo mediante el trabajo conjunto de las distintas partes interesadas —instituciones nacionales e internacionales, sociedad civil, comunidades académicas y víctimas— es posible garantizar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas frente a los crímenes más graves, establecidos en el Estatuto de Roma: el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Cooperación entre la CPI y los Estados
La CPI, primer tribunal penal permanente con jurisdicción para juzgar a los responsables de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional necesita la colaboración activa de los Estados, particularmente de sus sistemas de justicia, para cumplir su mandato. Esta cooperación, basada en los principios de complementariedad, asociación y vigilancia, fortalece la capacidad global de rendición de cuentas y permite avanzar hacia un sistema de justicia internacional más ágil, confiable y cercano a las víctimas.
Articulación con procesos de justicia transicional nacionales
Una justicia penal internacional eficaz es pilar fundamental para los procesos de justicia transicional, especialmente en contextos de posconflicto o de violencia estructural. La interacción entre jurisdicciones internacionales y nacionales —como la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia— permite una mejor coordinación operativa, el intercambio de buenas prácticas y el establecimiento de prioridades investigativas.
Así, la justicia transicional se ve fortalecida por el respaldo, el monitoreo y la legitimidad que ofrecen los mecanismos internacionales. Esta sinergia es esencial para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
El papel de la sociedad civil
Las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel esencial en este proceso. Debido a su cercanía con las víctimas y comunidades afectadas, sus contribuciones enriquecen el monitoreo de los avances y desafíos nacionales, aportan información clave para la toma de decisiones y fortalecen los puentes entre sistemas de justicia y poblaciones históricamente vulneradas.
Además, promueven el acceso a la justicia y visibilizan los vacíos existentes en la respuesta institucional, siendo actores clave para una justicia más inclusiva, transparente y transformadora.
El compromiso que nos une
Aproximar la justicia a las realidades de las víctimas y lograr que la justicia penal internacional interactúe eficazmente con los procesos de justicia nacionales exige un verdadero esfuerzo de unidad en la diversidad. Solo desde la colaboración, el reconocimiento mutuo y el compromiso compartido será posible avanzar en la construcción de un sistema global que impida la repetición de atrocidades y restituya la dignidad a quienes han sufrido graves violaciones de derechos humanos.
Llamado a la acción
Desde el foro internacional: “Experiencias comparadas en justicia transicional”, la justicia penal internacional invita a instituciones internacionales y nacionales, organizaciones de la sociedad civil, víctimas, defensores de derechos humanos, académicos, investigadores y profesionales comprometidos con la justicia a respaldar esta iniciativa de trabajo conjunto, unirse a la conversación colectiva y participar en las acciones concertadas en este espacio de diálogo.
Desde Abogados sin fronteras Canadá, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de una red de justicia internacional, en línea con las iniciativas de la Fiscalía de la CPI, que promueva el diálogo, la cooperación y la articulación entre actores clave para hacer frente a las atrocidades.
Creemos firmemente que una justicia penal internacional sólida es inseparable de los procesos de justicia transicional que buscan verdad, reparación y no repetición. Solo con la suma de nuestras voces, memorias y voluntades podremos tejer una red de justicia verdaderamente transformadora, que honre a las víctimas y defienda con firmeza los valores fundamentales de la humanidad.
Bogotá, Colombia, 24 de abril del 2025.