Benjamín Mosquera (izquierda) y Silvano Caicedo (derecha)
Silvano Caicedo y Benjamín Mosquera llevan más de veinte años luchando por la reparación integral de su comunidad después de uno de los mayores desastres medioambientales de Colombia: el vertimiento deliberado de aguas contaminadas a un río por parte de una empresa de energía. Aquí están dos líderes comunitarios quienes han tenido toda la valentía para luchar y proteger al río Anchicayá.
El 23 de julio de 2001, las vidas de los miembros de la comunidad de Anchicayá cambiaron para siempre cuando la empresa operadora de la Central Hidroeléctrica abrió las compuertas de su presa y expulsó río abajo más de 4 millones de metros cúbicos de lodo putrefacto, matando toda forma de vida.
Cuando Sivano Caicedo habla de este acontecimiento, su voz se entrecorta y sus ojos se llenan de lágrimas. Para este hombre de 57 años, y para la comunidad, el río Anchicayá lo es todo. Es la cuna de poblaciones negras que se asentaron allí durante la colonización española. Este río nace en los Farallones de Cali, pasa por el Valle del Cauca, uno de los departamentos más biodiversos de Colombia, y desemboca en el océano Pacífico. Para este líder comunitario y promotor en salud comunitaria, muy apegado a sus raíces africanas, el río es fuente de vida, tanto física como espiritual.
«El río Anchicayá es como mi papá y mi mamá, es mi razón de ser.» – Silvano Caicedo
Benjamín Mosquera, hermano de lucha de Silvano, está igualmente indignado: para este profesor y coordinador educativo de 50 años, lo que ha ocurrido en su comunidad debe darse a conocer al mundo entero. Durante 25 años, la empresa generadora de energía, que ha sido vendida y comprada varias veces y ahora pertenece a CELSIA, no le hizo un mantenimiento adecuado a la presa, lo que generó una acumulación de lodo contaminado. En 2001, la empresa decidió abrir las compuertas para deshacerse de todo ese sedimento acumulado.
Benjamin explica el impacto de esta acción sobre el medio ambiente y la comunidad: «El agua contaminada ha afectado la salud de la gente, provocando enfermedades infecciosas de la piel. Se han inundado las tierras aptas para los cultivos ocasionando la esterilización del suelo, lo que ha provocado un desequilibrio nutricional, sobre todo entre los niños. La sedimentación del río también ha afectado la navegación, alterando la dinámica del transporte, las tradiciones culturales y las actividades económicas de nuestra comunidad.»
El desastre provocado por la empresa ha obligado a la mayoría de sus habitantes a abandonar su territorio ancestral, asentándose en municipios vecinos en condiciones precarias y a los jóvenes a unirse a los grupos armados ilegales. De las 6.000 mil personas que habitaban las riberas del río Anchicayá hoy solo quedan unas 1.500.
Mujer en la ventana, comunidad de Anchicaya, Fotógrafo: Alexis Coello de Click Digital
Estos dos líderes y la población de Anchicayá llevan más de 20 años luchando por la justicia, con la ayuda de su abogado Germán Ospina, llevando a la empresa y al Estado colombiano ante los tribunales con una acción de grupo por las violaciones a los derechos de salud, medioambientales, seguridad alimentaria y vida digna.
También, ASF Canadá viene acompañando este proceso desde hace 10 años, a través de varios amicus curiae ante la Corte Constitucional de Colombia y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para demostrar que las afectaciones no sólo obedecen a la contaminación del río, sino a un proceso histórico de exclusión y discriminación atravesado por el conflicto armado.
«Valoramos el acompañamiento de ASF Canadá. Ellos nos han acompañado en los procesos jurídicos, ha sido muy importante el apoyo de ASF Canadá en este proceso, porque el peso por el reconocimiento nacional e internacional que tiene hace también que los actores en este caso los jueces y magistrados miren el proceso con otros ojos.» – Benjamín Mosquera
Tras varias victorias y reveses en los tribunales colombianos, en julio de 2021, el Consejo de Estado ordenó el pago de más de 203 millones de pesos colombianos (el equivalente a 68 millones de dólares canadienses) en concepto de indemnización para la población, así como otras medidas compensatorias como la creación de un programa de sustitución de alimentos, piscicultura y ayuda agrícola. Sin embargo, el Consejo sólo reconoció a 50 víctimas, dejando a mucha gente por fuera. Debido a este desacuerdo aún la comunidad no ha recibido ninguna compensación.
Aunque se han agotado todas las vías legales en Colombia, la lucha continúa ahora ante el sistema interamericano de derechos humanos. La valentía y la fuerza de esta lucha de más de 20 años, Silvano y Benjamín la obtuvieron del río.
«Hoy le quiero decirle al río, que lo valoramos y agradecemos todo lo que nos ha dado. Que somos parte de él y que estamos dispuestos a seguir nuestra lucha. Y como hijos de él que somos, estamos dispuestos a jugarla toda y a defenderlo hasta donde nos sea posible». Benjamín Mosquera
Celebración religiosa, comunidad Anchicaya, Fotógrafo: Alexis Coello de Click Digital
Algunos datos sobre la comunidad de Anchicayá
– El Consejo Comunitario Mayor del río Anchicayá en Buenaventura, Colombia, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos, por ser el proceso colectivo del año en el país. Consultar los detalles aquí.
– Abogados sin fronteras Canadá trabaja en Colombia desde 2003 y tiene una presencia permanente allí desde 2011. Su equipo opera desde su oficina en Bogotá.
Esta publicación se ha realizado con el apoyo financiero del Ministerio de Relaciones Internacionales y de la Francofonía de Quebec a través del programa NQSF.