Apostamos a la paz en Colombia

Bogotá – La Corporación Colectiva Justicia Mujer (CCJM) y Abogados sin fronteras Canadá (ASFC), se unen a la conmemoración del Día Nacional de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado.

CCJM y ASFC se suman a la protección de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas sobrevivientes. Solicitamos a la JEP la apertura de un caso nacional sobre violencia sexual, reproductiva y otros delitos motivados en la sexualidad de las víctimas y a la Alcaldía de Medellín fortalecer la política pública de víctimas desde un enfoque de género y diferencial.

A nivel nacional, la CCJM participa y representa mujeres en el caso 004, sobre la región de Urabá y Bajo Atrato ante la JEP. Así mismo en Medellín la CCJM y ASFC han trabajado para promover la creación del primer Subcomité de género con enfoque diferencial de Justicia Transicional en el país.

En el 2018 la CCJM y la Corporación para la Vida Mujeres Que Crean, con el apoyo de ASFC, implementan el litigio estratégico como una forma de avanzar en el mejoramiento de las condiciones de mujeres víctimas sobrevivientes, tutelando a 7 entidades públicas. Mediante fallo de tutela las entidades fueron conminadas a garantizar los derechos de 5 mujeres víctimas de múltiples violencias, entre ellas la violencia sexual en más de 9 veces como parte del conflicto armado.

Producto de esta estrategia de litigio e incidencia se crea el Subcomité de género con enfoque diferencial de justicia transicional de Medellín, cuyo propósito es la superación del déficit en el que se encuentran los derechos de las mujeres en el marco de la política integral de atención y reparación a víctimas de la ciudad.

Este panorama se acompaña de la declaración de la Corte Constitucional, que mediante sentencia 588 de 2019 decidió extender otros 10 años la vigencia de la Ley 1448 de 2011 – Ley de víctimas, como parte de las garantías para las víctimas. “La Corte ha constatado que, de producirse la desaparición de la Ley 1448 de 2011 sin fórmula de reemplazo, graves consecuencias podrían sobrevenir para los derechos de las víctimas”, de manera especial se pueden afectar las garantías de los derechos a la verdad, la justicia y la no repetición para las mujeres, personas LGBTI1 y grupos poblacionales diversos, víctimas del conflicto armado.

Para que estos hechos victimizantes no persistan en la impunidad, la CCJM y ASFC se adhieren a la solicitud de la periodista Jineth Bedoya, y de otras sobrevivientes y organizaciones, frente a la apertura de un caso nacional sobre violencia sexual, reproductiva y otros delitos motivados en la sexualidad de las víctimas. En este caso podrían participar víctimas de regiones no priorizadas en los macrocasos territoriales, con el fin de que se aborden las diversas modalidades de violencias sexuales de manera autónoma, como especialmente gravosas y reprochables y buscando que se garanticen los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de la todas las mujeres y personas LGBTI víctimas sobrevivientes del conflicto armado. Así también la demanda de mejoramiento de la política pública de víctimas, en especial el fortalecimiento del subcomité de género con enfoque diferencial de Medellín, como referente nacional y garantía de inclusión de las necesidades de las mujeres.

El 25M como medida de reparación con impacto colectivo

Desde el 25 de mayo de 2014, en Colombia se conmemora este día, como una medida de reparación del Estado colombiano ante la solicitud de la periodista Jineth Bedoya Lima.

El 25 de mayo de 2000 Jineth fue agredida sexualmente en ejercicio de su labor periodística en hechos que hasta hoy permanecen en la impunidad. Por ello, y como respuesta a su lucha constante, su caso es tramitado actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a la impunidad de la investigación y juzgamiento de los autores materiales e intelectuales del caso.

Violencias sexuales en cifras

Las tasas de impunidad de los delitos relacionados con violencias sexuales en el marco del conflicto armado son una constante. Según la Mesa de Seguimiento a los autos 092 y 009 de la Corte Constitucional, sobre violencia sexual, la impunidad en estos casos supera el 90%.2A ello se le suma el subregistro y la falta de denuncia de los hechos; según estimaciones de la ONU, en un estudio de 19 países que incluye a Colombia, para 2016 por cada caso registrado de violencia sexual ocurrido en el conflicto amado existían entre 10 y 20 no registrados.3 Así, las violencias sexuales se caracterizan no solo por la generalidad de su ocurrencia sino por el silencio que le sigue, la ausencia de denuncias debido al miedo, la vergüenza, la desconfianza institucional y otros factores asociados.

Aún con esta brecha de datos la Red Nacional de Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas registra que al menos 26.994 mujeres han sido víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual entre 1985 y 2020. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la violencia sexual ha sido una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano que genera múltiples daños (C-781 de 2012).